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Derechos Humanos

Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

La Dirección Nacional de Derechos Humanos (DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (DIH) creada mediante el Decreto Nº 788/07 se encuadra institucionalmente en la órbita de la Secretaría de Estrategia y Asuntos Militares, teniendo como responsabilidad primaria instrumentar y difundir en el área de su competencia las normas del Derecho Internacional de los DH y del DIH con el objeto de afianzar el respeto y protección de los derechos esenciales de las personas, tanto en tiempos de paz como de conflicto (Anexo II del Decreto Nº 1451/08)

Derecho Militar Contemporáneo

Derechos Humanos Básicos Del Personal Militar y Civil de las Fuerzas Armadas

Misión y Objetivos

  1. Desarrollo de una política coordinada y centralizada de actuación con los demás organismos del Estado;
  2. Capacitación continua y permanente de las personas que integran el sector en materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario, ya sea mediante el asesoramiento requerido por las áreas competentes de este Ministerio en materia de educación, así como promoviendo el desarrollo de actividades extracurriculares específicas, todas tendientes a promover el desarrollo de una perspectiva que ponga de relieve la condición de sujetos titulares de derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas que optan por la profesión militar;
  3. Desarrollo de una política institucional compatible con las exigencias republicanas en materia de acceso a la información pública, colaborando activamente con los requerimientos de información y seguimiento de casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del Terrorismo de Estado y cualquier otro suceso que involucre o haya involucrado el desempeño de las instituciones del sector;
  4. Atención de las necesidades específicas de las mujeres que integran el sector, en cumplimiento de las obligaciones internacionalmente asumidas para la adopción de medidas tendientes a erradicar la discriminación contra las mujeres en todos los ámbitos de la vida social, mediante la creación del Consejo de Políticas de Género para el ámbito de la Defensa;
  5. Colaboración activa, dentro de las competencias del sector, en la consolidación de la política del Gobierno Nacional de lucha por la memoria, la verdad y contra la impunidad por las graves violaciones a los Derechos Humanos;
  6. Recepción y tramitación de casos y denuncias derivadas por las autoridades Ministeriales, las cuales constituyan, al menos como sospecha, casos de violaciones a los derechos humanos y otras formas de abuso de poder y/o autoridad.
  7. Promoción de las reformas legales, reglamentarias y de otro orden que resulten indispensables para la adecuación de la regulación vigente en el sector a las exigencias que en materia de Derechos Fundamentales de las personas ordena la Constitución Nacional y los Instrumentos Internacionales de Protección mediante los cuales el Estado Argentino se ha obligado en el ámbito internacional, con especial atención al proceso de reforma integral del sistema de justicia militar y las reglamentaciones en materia de ingreso, acceso y permanencia en las instituciones militares.

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Memoria

Políticas en materia de derecho a la verdad del Ministerio de Defensa

La Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario se fijó como objetivo general, en el marco del fortalecimiento institucional democrático de las Fuerzas Armadas y del sector Defensa, la promoción de acciones destinadas a la incorporación de una perspectiva de Derechos Humanos entendida como una herramienta indispensable en este proceso de construcción de una cultura institucional que adecue sus misiones, funciones y prácticas a los lineamientos básicos del Estado Democrático de Derecho. (Decreto Presidencial 1648/06)

En este sentido, el desarrollo de una política institucional compatible con las exigencias republicanas en materia de acceso a la información pública, colaborando activamente con los requerimientos de información y seguimiento de casos por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la vigencia del Terrorismo de Estado y cualquier otro suceso que involucre o haya involucrado el desempeño de las instituciones del sector, por un lado, y la colaboración activa, en la consolidación de la política del Gobierno Nacional de lucha por la memoria, la verdad y contra la impunidad.

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Archivos históricos de las Fuerzas Armadas

Se puso en marcha el desarrollo de un plan de trabajo con archivos históricos a los efectos de inventariar cualitativamente el acervo documental de las Fuerzas Armadas. La tarea fue realizada a fin de coordinar con las instancias estatales para el adecuado desarrollo del proceso de búsqueda y producción de información referida a los procesos por violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del terrorismo de Estado y garantizar el derecho de toda la sociedad a conocer el pasado reciente.

Para el año 2011, se proponen los siguientes compromisos de acción:

  1. Continuar con el plan de trabajo de revisión de archivos históricos a los efectos de inventariar cualitativamente el acervo documental de las Fuerzas Armadas, ampliando dicha revisión a todas las dependencias que se hallen bajo la órbita de las Fuerzas Armadas y contengan fondos documentales.
  2. Realizar los mecanismos pertinentes a fin de asegurar la adecuada custodia y guarda documental del material objeto de revisión.
  3. Realizar un plan de digitalización de los fondos documentales.
  4. Realizar la difusión de los resultados logrados en la labor de revisión a través de publicaciones oficiales.
  5. Realizar las adecuaciones físicas necesarias a fin de asegurar el acceso público a los fondos documentales

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Desclasificación de documentación del Terrorismo de Estado

Desclasificación de la información y documentación relativa al accionar de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado cuyo acceso estuviera restringido.

En consonancia con los compromisos asumidos por el Estado Argentino en materia de derecho a la verdad, desde el Ministerio de Defensa se impulsaron una serie de medidas tendientes a anular todo tipo de limitación al acceso a la información relativo al accionar de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado.

En este sentido, se impulsó el dictado del Decreto N° 44/07 a través del cual se dispensó de la obligación de guardar secreto al personal de las fuerzas armadas y de seguridad cuando declararen ante la Justicia –en calidad de testigo o imputados- por graves violaciones a los Derechos Humanos ocurridas en el marco del terrorismo de Estado.

Posteriormente, se impulsó el Decreto Nº 1578/08 mediante el cual se ordena a todos los organismos de inteligencia que envíen al Juzgado encargado de las investigaciones, la totalidad de la información existente relativa a los hechos de La Tablada, relevando a los agentes de inteligencia de la obligación de guardar secreto cuando sean llamados a declarar, ya sea como testigos o imputados.

En el año 2009, se impulsó el dictado del Decreto N° 1137/09 mediante el cual relevó de la clasificación de seguridad “Estrictamente Secreto y Confidencial“ a una serie de documentación de inteligencia que resultaba necesaria a los fines de llevar a cabo una audiencia de debate oral en el marco de un proceso judicial por violaciones a los derechos humanos durante la vigencia del Terrorismo de Estado.

En el mes de enero de 2010, la Sra. Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, firmó el Decreto Nº 4/2010, impulsado por este Ministerio, que establece la desclasificación de toda aquella información que se encuentre vinculada al accionar de las Fuerzas Armadas, durante el período temporal de 1976 - 1983, así como toda aquella información o documentación, que más allá de exceder el período de referencia, estuviera relacionada con ese accionar.

Así, en el marco de lo dispuesto por dicha norma, se tramitan solicitudes de acceso a la información y documentación solicitada por autoridades judiciales, organismos gubernamentales y particulares que acreditan su interés en función de su labor periodística o su motivación personal en la investigación sobre el accionar del terrorismo de estado, quienes logran tener acceso público a documentación que, hasta el momento de la sanción del Decreto Nº 4/2010, contaba con clasificación de “Estrictamente Secreto y Confidencial”.

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Señalización de centros clandestinos de detención

Señalización de Predios Militares donde funcionaron centros clandestinos de detención durante la vigencia del terrorismo de estado en Argentina

Mediante la Resol MD N° 1309/06 el Ministerio de Defensa autorizó la colocación de placas recordatorias en aquellas dependencias de las Fuerzas Armadas que hubieran funcionado como centros clandestinos de detención en el período 1976-1983. Para ello, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación efectúa la solicitud respectiva y desde la Dirección Nacional de Derechos Humanos del Ministerio de Defensa se coordinan las tareas para su colocación. Esta iniciativa permite documentar y testimoniar las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas durante la última dictadura, y responde a la necesidad de coordinar acciones que coadyuven con la política que en materia de lucha por la verdad, la memoria y contra la impunidad impulsa el gobierno nacional.

Desde la Dirección Nacional se coordinó la colocación de placas en lo siguiente lugares:

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Conscriptos Detenidos – Desaparecidos

En el marco de la Resolución MD Nº 420 del 7 de mayo de 2009, se instruyó a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para que realice un informe sobre todos los soldados conscriptos que, habiendo sido declarados desertores durante la conscripción obligatoria, se encuentran en calidad de detenidos-desaparecidos, según los registros del Archivo Nacional de la Memoria.

En ese sentido, luego de realizar las averiguaciones del caso, el 26 de junio de 2009 se elevó a la Señora Ministra el Informe Nº 17 de la Dirección Nacional de Derechos Humanos (Archivo 1; Archivo 2), de donde surge que existen 43 casos de soldados conscriptos que habiendo sido declarados desertores por las Fuerzas, se encuentran en condición de detenidos – desaparecidos según el Archivo Nacional de la Memoria.

Al respecto, el Artículo 2 de la Resolución Nº 420 ordenó a las Fuerzas Armadas la inclusión en sus registros de la condición de detenido – desaparecido con el Nº de legajo de la CONADEP que corresponda.

Así las cosas, se solicitó a las Fuerzas que en todos los registros o nóminas en las que se consigne a las personas que se detallan en el Informe Nº 17/09 que se adjunta, se agregue la siguiente leyenda:

“Detenido – Desaparecido - Legajo (insertar la denominación y número que corresponda) - Resolución MD Nº 420/09

A su vez, siguiendo las recomendaciones de las Naciones Unidas referidas a la adopción de medidas de carácter simbólico, se dispuso la publicación el día 8 de agosto de 2009 de un aviso oficial en el Diario Clarín (NOTA: Modificarlo: hay hojas que están digitalizadas al revés), para dar cumplimiento al deber de recordar y al derecho de toda sociedad de conocer la verdad para evitar que en el futuro se repitan tales actos.

Por otro lado, atento que frente a las graves violaciones a los derechos humanos surge la obligación estatal de diseñar una política pública que contribuya a la construcción de la memoria social sobre lo ocurrido, la Dirección Nacional de Derechos Humanos propuso la colocación de una placa en homenaje a los soldados conscriptos detenidos desaparecidos.

Con motivo de conmemorarse el 34º Aniversario de la instauración del terrorismo de Estado que gobernó el país hasta el 10 de diciembre de 1983, el día 29 de marzo de 2010 se realizó el acto de homenaje a los conscriptos detenidos- desaparecidos en la Plaza de Armas del Edificio Libertador.

Allí se pudieron escuchar las palabras de Sara Steimberg (madre de Luis Pablo Steimberg conscripto detenido – desaparecido) y las palabras de la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré. Al finalizar los discursos se procedió al descubrimiento de la placa en el mástil de la Plaza de Armas.

“EN HOMENAJE A LOS SOLDADOS CONSCRIPTOS
VICTIMAS DE DESAPARICION FORZADA
DE PERSONAS DURANTE EL CUMPLIMIENTO
DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO (1975 – 1983)

MEMORIA -VERDAD - JUSTICIA

24 DE MARZO DE 2010
MINISTERIO DE DEFENSA”

En una primera etapa de trabajo, la Dirección Nacional de Derechos Humanos había identificado casos de soldados conscriptos víctimas de desaparición forzada de personas en el año 1975, a raíz de ello se solicitó a la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación que se expida sobre la pertinencia de estos casos como acaecidos durante la práctica de terrorismo de Estado durante el último gobierno militar. De ese modo, podría incluirse a los conscriptos mencionados en el párrafo precedente en el proceso que actualmente se encuentra llevando a cabo este Ministerio.

En marzo de 2010 la Secretaría de Derechos Humanos consideró "pertinente se incluya a los conscriptos víctimas de desaparición forzada durante el año 1975 en el proceso ordenado por la Resolución Nº 420/09 del Ministerio de Defensa, atento que los casos acaecidos están vinculados con el sistema ilegal y generalizado del terrorismo de Estado”.

Por ello, en mayo de 2010, en virtud del Artículo 2 de la Resolución MD 420/09, se ordenó al Ejército Argentino la inclusión en sus registros de la condición de detenido – desaparecido con el Nº de legajo de la CONADEP correspondiente, de cuatro casos de soldados conscriptos cuya desaparición y supuesta deserción se produjo en 1975.

Por otra parte, atento que los registros del Archivo Nacional de la Memoria (ANM) cuentan con un número aún mayor de soldados conscriptos que fueron secuestrados durante el cumplimiento del servicio militar obligatorio, y cuyo tratamiento burocrático por parte de las Fuerzas Armadas aún se desconoce, se solicitó al ANM la remisión del listado completo de los conscriptos detenidos – desaparecidos que contaban con denuncias ante la CONADEP para abocarse al análisis de los mismos. Asimismo, se solicitó a las Fuerzas que indiquen la situación administrativa otorgada a los conscriptos indicados por el Archivo Nacional de la Memoria.

Luego de analizar la documentación remitida por las Fuerzas Armadas, el 13 de julio de 2010 se elevó a la entonces ministra de Defensa el Informe Nº 38 de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, donde se informa que cinco soldados conscriptos del Ejército, nueve de la Armada y uno de la Fuerza Aérea debían ser incluidos en el proceso llevado adelante en el marco de la Resolución MD Nº 420/09, ya que reúnen la doble condición de haber sido declarados desertores por las Fuerzas Armadas y estar detenidos – desaparecidos, según los registros del Archivo Nacional de la Memoria.

A raíz de lo expuesto, se ordenó a los Jefes de Estado Mayor de las tres Fuerzas Armadas, la inclusión en todos los registros o nóminas de la Fuerza a su cargo en las que figuren las personas que se detallaron de la leyenda “Detenido – Desaparecido - Legajo (insertar la denominación y número que corresponda) - Resolución MD Nº 420/09”.

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Homenaje a los Granaderos

El 16 de junio de 1955, efectivos de la marina de guerra y ciertos sectores de la sociedad civil intentaron, sin éxito, derrocar al entonces Presidente Gral. Juan Domingo Perón. Ese día, 34 aviones, en su mayor parte de la Marina, bombardearon Plaza de Mayo dejando más de 300 víctimas civiles y 9 soldados granaderos.

En septiembre de 2010, Edmundo Napoleón Mercado, Diego Ignacio Bermúdes y Francisco Salvador Robledo, conscriptos granaderos clase 1934, solicitan al Ministerio de Defensa la reivindicación de todos aquellos jóvenes, soldados conscriptos que se encontraban destinados al Regimiento de Granaderos, y que en cumplimiento de sus funciones como escolta y custodia de la envestidura presidencial desde 1907, arriesgaron su vida.

A tales efectos, desde esta Dirección de Derechos Humanos se realizaron las gestiones correspondientes a fin de poder dejar registro vivo de los más de 200 jóvenes que ese 16 de junio cumplieron con el deber de defender el orden constitucional democrático y el estado de derecho.

Después de coordinar las tareas con el Jefe y 2do Jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo “Gral. San Martín”, Cnl. Julio Néstor Junco y Tcnl. Gustavo Sívori, se materializó la construcción de un monumento en la Plaza de Armas Capitán Bermúdez.

El pasado 22 de junio, el Ministro de Defensa, Dr. Arturo Puricelli encabezó el acto mediante el cual se descubrió el monumento en homenaje a los 269 granaderos que defendieron el orden constitucional y el Estado de Derecho aquel 16 de junio de 1955.

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Programas

La Dirección de Programas de la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario fue creada en el año 2008 mediante Resolución MD Nº 1545/08.

La misión prioritaria de la Dirección de Programas consiste en asistir a la Dirección Nacional en el diseño, implementación y control de políticas públicas de y en derechos humanos para el sector de la Defensa.

En ese sentido, tiene un conjunto de programas de acción destinados a diversos aspectos de la promoción y la protección de los derechos humanos.

Así, la Dirección de Programas desarrolla diferentes líneas de trabajo en materia de formación, capacitación y sensibilización en derechos humanos y derecho internacional humanitario.

Del mismo modo, la Dirección tiene a su cargo el proceso integral de implementación de la reforma del sistema de administración de justicia militar producto de la Ley Nº 26.394

Por otra parte, la Dirección constituye la instancia de recepción, conocimiento y tramitación de denuncias o presentaciones de vulneraciones a los derechos humanos dentro del sector Defensa actuando, de ese modo, como una unidad de control interno en materia de supervisión de derechos.

Asimismo, la Dirección recurrentemente propone a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario reformas institucionales para las Fuerzas Armadas destinadas a optimizar el cumplimiento de las obligaciones y estándares internacionales de derechos humanos.

Programas de formación:

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Programas de formación, capacitación y sensibilización

La Dirección de Programas ha desarrollado un conjunto de actividades de formación, capitación y sensibilización en diferentes instancias y con diferentes formatos destinadas a las diversas especializaciones, escalafones y cuadros de las Fuerzas Armadas.

Así, ha organizado el Seminario Internacional de Derechos Humanos en el año 2006 y coordinado Seminario Permanente sobre Democracia, Ciudadanía y Derechos Humanos conjuntamente con las FFAA durante los años 2006, 2007 y 2008 destinado, principalmente, a los oficiales instructores de los institutos de formación de oficiales de las Fuerzas Armadas.

En el año 2008, con motivo de sexagésimo aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se organizó la Jornada sobre Derecho Penal Internacional, con la disertación del Fiscal Penal Internacional, destinada a los oficiales jefe y oficiales superiores de las tres Fuerzas Armadas.

Durante el año 2009 se llevó a cabo el Ciclo de Cine y Debate en los institutos militares de oficiales y de formación superior de las Fuerzas Armadas, sobre la base de la proyección del documental “Desobediencia debida”.

Por otra parte, junto con la Red Latinoamericana de Seguridad y Defensa, en el año 2010 se organizó el Seminario la Justicia Militar en América Latina, dirigido a oficiales auditores del Servicio de Justicia Conjunto de las Fuerzas Armadas.
Respecto de las currículas formales, la Dirección de Programas se encuentra a cargo del diseño y coordinación de los cursos de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario para la Escuela Superior de Guerra Conjunta, para el Nivel I y el Nivel II, del dictado de la materia “Derechos Humanos y Fuerzas Armadas”, con una duración de 20 y 25 horas cátedra respectivamente.

En cuanto al desarrollo de actividades de sensibilización extracurriculares, la Dirección de Programas ha promovido la incorporación de las instituciones de enseñanza media de las Fuerzas Armadas al programa “Jóvenes y Memoria” de la Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires.

En tal sentido, el 10 marzo de 2010 tuvo lugar el acto de firma del Convenio de Cooperación entre la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y el Ministerio de Defensa.

Asimismo, con fecha 16 de marzo de 2010 se emitió la Resolución MD Nº 265/10 por la cual se dispuso la extensión del programa Jóvenes y Memoria hacia las instituciones educativas del nivel secundario pertenecientes a las Fuerzas Armadas que oportunamente fueron seleccionadas. A su vez, dicha resolución prevé que este programa será incorporado a las actividades extracurriculares permanentes de las instituciones secundarias.

En idéntico sentido, la Dirección de Programas ha impulsado la firma del Convenio entre el Ministerio de Defensa y la Casa Ana Frank en Argentina.

Inspirada por el contenido del Diario de Ana Frank, la Casa de Ana Frank en los Países Bajos, desarrolla a lo largo del mundo proyectos relacionados con la Shoá, la educación en derechos humanos, la promoción de tolerancia y la convivencia en diversidad.

La Casa Ana Frank Argentina, cuenta con una serie de dispositivos didácticos de gran interés e innovación en materia de educación que se revelan muy propicios para ser incorporados como actividades curriculares o extracurriculares a los planes de estudio de las instituciones de formación de las Fuerzas Armadas.

Asimismo, el Centro Ana Frank cuenta con una publicación realizada conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires en la que se da cuenta de la pertinencia y la variedad de problemáticas abordadas en perspectiva de memoria y derechos humanos.

La firma del convenio tuvo lugar el día 9 de junio de 2010 en la sede del Centro Ana Frank Argentina —el cual cuenta con una reproducción de los interiores de la casa real de Ana Frank en Ámsterdam— con la presencia de altas autoridades del Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas, miembros del Parlamento Nacional, integrantes del Poder Ejecutivo Nacional, representantes de la sociedad civil y la Sra. Eva Schloss, hermanastra de Ana Frank y sobreviviente de Auschwitz.

Desarrollo de actividades de capacitación con el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI). En función de lo dispuesto por el Decreto N° 1086/05 se realizan talleres y jornadas de capacitación en el diseño, implementación y control de políticas públicas antidiscriminatorias en el seno de las FFAA.

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Recepción y tramitación de denuncias

En ejercicio de su función de control y supervisión respeto de derechos del personal militar que posee la Dirección Nacional, la Dirección de Programas se encuentra encargada de la tramitación de todas aquellas presentaciones y peticiones que reclamen por posibles vulneraciones de derechos humanos y que no impliquen análisis en materia del derecho de no discriminación en razón del genero, atento que la misma es competencia de la Dirección de Políticas de Genero.

En ese sentido, la Dirección de Programas cuenta con un protocolo de atención y seguimiento de casos respecto de una diversidad temática amplia.

En cuanto a la violencia laboral en particular, por ejemplo, ha promovido la celebración de un Convenio de Cooperación entre el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el Ministerio de Defensa.

Concluido el 25 de noviembre de 2010, dicho convenio marco tiene por finalidad instrumentar un accionar coordinado para el tratamiento y resolución de casos de violencia laboral y acoso sexual y/o laboral.

La Dirección de Programas toma conocimiento de presentaciones formalmente a través de la Mesa de Entradas del Ministerio de Defensa o, en su defecto, contactándose mediante correo electrónico a derechoshumanos@mindef.gov.ar

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Programas de reformas institucionales

La elaboración completa de políticas públicas de y en derechos humanos para las Fuerzas Armadas, comprendiendo sus tres dimensiones, es una de las tareas primordiales de la Dirección de Programas.

En tal sentido, ha promovido la adopción de diferentes medidas tendientes a equiparar el ejercicio de derechos por parte del personal militar en función de los estándares y normas internacionales de derechos humanos.

Por ello, mediante la Resolución N° 1308/06, se dispuso la eliminación de requisitos estéticos determinados para el ingreso y reclutamiento en las Fuerzas Armadas.

Asimismo, a través de la Resolución N° 857/07, se dispuso la eliminación de la exigencia de declarar el culto y las creencias religiosas que profesa el personal militar.

Otra de las iniciativas de la Dirección de Programas en materia de reformas institucionales consiste en la extensión de las competencias del Defensor del Pueblo de la Nación para incluir dentro de sus competencias el personal que presta servicio en el sector Defensa – Proyecto de ley remitido al Congreso de la Nación para la reforma de la ley orgánica del Defensor del Pueblo N° 24.284.

Integración de las personas con discapacidad en el sector Defensa

En abril de 2010 se recibió de parte de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas Discapacitadas dependiente de la Presidencia de la Nación la convocatoria para participar en el Comité Técnico del Grupo de Trabajo Nacional encargado de elaborar el informe para el Comité de Derechos de las Personas Discapacitadas de las Naciones Unidas.

En ese sentido, luego de realizar distintos pedidos de informes a las Fuerzas Armadas y a dependencias de este Ministerio, con la documentación referida se elaboró y recopiló la información correspondiente a los organismos del sector Defensa. En consecuencia, el Ministerio de Defensa cumplió con su obligación de remitir a la Comisión Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CONADIS) todos los antecedentes y documentación correspondiente a la situación de las personas con discapacidad con relación a las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, cuya información fue sintetizada en un documento anexo a la mencionada nota según los criterios de las Directrices para la elaboración del Informe País del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad en torno al derecho a la salud, al trabajo, a la movilidad y accesibilidad y a la protección especial en el marco de los protocolos de procedimientos para situaciones de emergencia humanitaria o desastre natural.

Asimismo, se realizó un diagnóstico de situación y un plan de acción en materia de derechos de las personas con discapacidad en el marco del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas a los efectos de dar cumplimiento en el sector Defensa a las obligaciones internas e internacionales en la materia.

No obstante ello, fue emitida la Resolución Nº 1451/10 a los efectos incorporar a las Fuerzas Armadas a los procedimientos de selección de personal previstos en el Decreto Nº 312/10 reglamentario del artículo 8 de la ley Nº 22.431.

El plan de política pública que de cumplimiento en el ámbito de la jurisdicción Defensa de los compromisos internacionales asumidos por el Estado Nacional con relación a este conjunto de personas supone una señalización y adaptación de los espacios físicos y accesos; la elaboración de protocolos especiales para la protección de las personas con discapacidad en el caso de desastres naturales o emergencias naturales, un control de lo dispuesto por la Resolución N° 1451/10 en materia de contratación de personal civil en las FFAA, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 22.431 y el Decreto N° 212/10 y, finalmente, relevamiento y adecuación de las prestaciones en materia de salud por parte de las obras sociales pertinentes para el caso del personal militar con discapacidad sobreviniente como consecuencia de su actividad profesional.

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Implementación de la reforma del Sistema de administración de Justicia Militar

El 6 de agosto de 2008 el Congreso Nacional sancionó por unanimidad la Ley Nº 26.394 disponiendo la derogación del antiguo Código de Justicia Militar que databa de 1951 y la reforma integral del marco legal de la justicia militar. El 26 de agosto de 2008 la Presidenta de la Nación, Dra. Cristina Fernández de Kirchner, promulgó el nuevo sistema que resultaba indispensable a la luz de las exigencias propias del proceso de transformación institucional democrática que se encuentran atravesando las Fuerzas Armadas, del que no podían mantenerse excluidas las reglas mediante las que se juzgan y definen las conductas disciplinarias y delictivas de quienes las integran.

Esta transformación era una asignatura pendiente hacia el sector militar desde el momento mismo de la recuperación de la vida democrática. Asimismo, un antecedente inmediato de este proyecto son los compromisos asumidos por el Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los casos Nº 11.758 — caratulado “Rodolfo Correa Belisle v. Argentina”— y Nº 12.167 — caratulado “Argüelles y otros vs. Argentina”—. En ambos casos, el Estado Nacional se comprometió —como parte del proceso de solución amistosa— a impulsar la reforma integral del sistema de administración de justicia penal en el ámbito castrense, a fin de adecuarlo a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables a la materia.

A fin de dar lugar a este proceso de revisión profunda de las instituciones de justicia militar se creó, en ámbito del Ministerio, una Comisión de Trabajo integrada por representantes de organizaciones de la sociedad civil, de unidades académicas y de agencias estatales e internacionales con interés en la Reforma de la Justicia Militar. Con esta conformación plural, se garantizó además un nivel técnico–jurídico de excelencia.

El trabajo que culminó con la sanción de la Ley Nº 26.394 estuvo guiado por la certeza de que la totalidad de las normas que rigen a los integrantes de una Institución del Estado deben estar en un todo de acuerdo con la Constitución Nacional.
La tarea partió de la convicción de que el fortalecimiento de la calidad de las Fuerzas Armadas como institución del Estado Democrático de Derecho, reclama la adecuación de las reglas y prácticas que gobiernan los más diversos aspectos de la vida militar.

En forma muy sintética, los ejes centrales de esta reforma integral son:

  • Tratamiento de los delitos esencialmente militares en la órbita de la jurisdicción federal y la consiguiente eliminación del fuero militar para el juzgamiento de delitos cometidos por integrantes de las Fuerzas Armadas.
  • Eliminación de la pena de muerte del ordenamiento jurídico argentino que, aunque sin uso, se mantiene vigente en el ámbito militar.
  • Rediseño completo del sistema disciplinario a fin de asegurar que las conductas sancionadas y los procedimientos se adecuen a las necesidades de eficacia del servicio y aseguren el valor disciplina, pero con total apego a las exigencias que la de la CONSTITUCIÓN NACIONAL y los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos imponen.
  • Reordenamiento de los servicios de justicia en el ámbito militar mediante la creación de un servicio de justicia común a todas las fuerzas.

Con la sanción de la ley 26.394, se inaugura una nueva etapa que reconocerá a todos los integrantes de las FUERZAS ARMADAS la condición de ciudadanos plenos y se superará una larga etapa en la que el arrastre de una legislación —que hoy no tiene parangón en ningún país del mundo— incurría en la gravísima contradicción de negarle hasta los más elementales derechos que incluso la República está obligada a reconocerle a los prisioneros de guerra. En este sentido, la reforma propuesta aspira a concretar un paso más hacia la vigencia plena de los derechos humanos en la República.

EQUIDAD DE GÉNERO

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